“Adiós al fracking”, el Consejo de Ministros pone punto y final a esta práctica en España

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El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que previsiblemente aprobará hoy en el Consejo de Ministros, pone punto final a la explotación de hidrocarburos y al ‘fracking’ al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación.

Según el texto del proyecto de ley, a partir de la entrada en vigor de la norma no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos.

Qué es el fracking

El ‘fracking’ o fracturación hidráulica es una técnica que aumenta la extracción de gas y petróleo del subsuelo. La técnica consiste en la perforación de un pozo, a más de 2500 metros de profundidad, donde se inyecta agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo. Esta agua a presión es mezclada con algún material y productos químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en la roca que encierra el gas o el petróleo y favorecer así su salida hacia la superficie.

La última fecha

No habrá prórroga para los permisos y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042. El Ejecutivo también aprobará planes para fomentar los gases renovables y establecerá objetivos de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo. El proyecto de ley también establece que España destine en sus Presupuestos Generales un porcentaje para cumplir los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. Se destinarán un presupuesto de 450 millones de euros para el fomento de las energías renovables.

La ley también contempla que la Administración General del Estado no prorrogará más allá de 2030 los contratos de arrendamiento de inmuebles que no tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo, y que las entidades de crédito, aseguradoras y compañías deberán hacer informes anuales del impacto financiero que tienen sobre ellas los riesgos asociados al cambio climático.

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